Generar y compartir energía entre todos

Avanza en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de generación distribuida de energía eléctrica. La iniciativa, que ahora se debatirá en el Senado, busca que los usuarios puedan producir energía de fuentes renovables para consumo propio y vender el excedente a la red eléctrica.

En los últimos días, el proyecto de ley de generación distribuida de energía eléctrica dio pasos determinantes en el Congreso. La iniciativa, que ahora se debatirá en el Senado, busca que los usuarios que quieran instalar equipos de generación de energía renovable para consumo propio y puedan inyectar los excedentes en el sistema eléctrico. El límite es de 300 KW de potencia y para las personas jurídicas se contemplan, además, beneficios fiscales. También será posible la instalación por parte de consorcios de propiedad horizontal.

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El proyecto se titula “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública” y tuvo en los últimos días media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora es el turno de los senadores.

De sancionarse y reglamentarse, con este sistema se instalará un medidor eléctrico dual —o bien uno adicional al ya instalado— con el objetivo de registrar cuánta energía se consume y cuánta se inyecta a la red. Esta modalidad podría ayudar a alcanzar la meta de porcentaje de energía de fuentes renovables —se pretende llegar al 20% en 2025— y aumentar la generación de energía gracias al aporte de los usuarios.

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Según revela un informe de Matías Alonso para Tss, el proyecto surgió de la negociación de diversos bloques de la Cámara de Diputados y es una fusión de cinco proyectos diferentes. Lleva las firmas de los diputados Luis María Bardeggia (FPV), Néstor Tomassi (PJ) y Juan Carlos Villalonga (PRO).

La fuente de la energía podrá ser eólica, solar térmica, solar fotovoltaíca, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles.

Esta modalidad ya era posible en las provincias de Santa Fe, Salta, Mendoza y Río Negro, y estaba prevista, aunque todavía sin reglamentación, en San Luis, Neuquén, Misiones y Tucumán. La ley nacional dará un marco normativo a la práctica, aunque, como el servicio eléctrico es potestad de las provincias, tendrán que adherir a la ley. Precisamente, el hecho de que la ley se aplique sobre una potestad de las provincias generó la oposición al proyecto por parte de algunos gobernadores.

El proyecto de ley deja puntos importantes librados a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el precio de venta de la electricidad que hagan los usuarios en principio sería el mayorista que las distribuidoras pagan a CAMMESA, de 240 pesos por MWh, en lugar del precio minorista que el usuario paga al comprar energía a la distribuidora, que es de unos 1.000 pesos por MWh.

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En caso de que la facturación fuera favorable al usuario, es decir, que produzca más de cuatro veces lo que consume con estas tarifas, se le generará un crédito para ser usado en futuras facturaciones. Si este crédito se mantuviera, el usuario podría pedir que le retribuyan ese dinero y la autoridad de aplicación deberá decidir en qué plazo, que nunca podrá ser mayor a 12 meses.

La iniciativa también prevé la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo de proyectos de generación distribuida, que permitirá el descuento de puntos en tasas de interés de préstamos pedidos para la instalación de sistemas de generación, o incentivos a la inyección de energía generada por el usuario a la red.

Julio Durán, integrante del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y profesor asociado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), fue uno de los expositores de la jornada sobre energías renovables que organizó el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), en la Academia Nacional de Medicina. Durán explicó a TSS: “La ley prevé una serie de beneficios o políticas de promoción que van a venir a través de la reglamentación. Estas instalaciones prácticamente no tienen costo de operación y mantenimiento, por lo que es fundamental la inversión inicial y entonces la financiación es clave”.

“Hay una cierta resistencia de las distribuidoras de energía porque piensan que esto les complica la vida y están bien como están. En general, las cooperativas están más abiertas porque son más chicas y tienen otro objetivo. La forma de sumar a las distribuidoras es que ellas también estén de alguna manera dentro del negocio. Si se las deja afuera lo más probable es que te hagan la vida imposible”, dijo Durán.

El proyecto obtuvo la media sanción con 159 votos positivos y solo tres negativos, más una abstención. Villalonga, uno de los impulsores del proyecto, dijo durante el debate en el recinto: “Esta ley, al unificar los criterios técnicos y regulatorios en todo el país va a crear una red de pymes para instalación de equipos que contribuirá a la generación de empleo”.

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